La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó las cuentas públicas 2024 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos (ITES Los Cabos), del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Mulegé (FOIS de Mulegé) y del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano (PES). Por el contrario, no fue aprobada la cuenta pública ejercida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS).
En sesión del martes 27 de octubre, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, que integran las diputadas Gabriela Montoya Terrazas, presidenta, Teresita Valentín, secretaria, y el diputado Fernando Hoyos Aguilar, secretario, presentó a discusión los dictámenes correspondientes a los cuatro entes fiscalizables.
En su auditoría, el ITES Los Cabos registró 39 observaciones preliminares, de las cuales justificó 27 mediante la presentación de documentación comprobatoria y justificativa.
El FOIS de Mulegé registró 51 observaciones preliminares en gestión financiera y obra pública, de las cuales solventó 12. El Congreso le instruyó medidas correctivas para evitar la reincidencia.
En el caso de PES, registró en su auditoría 20 observaciones preliminares, de las cuales solventó 8 con información probatoria.
Por su parte, la CEDH registró 20 observaciones preliminares en su auditoría, de las cuales solventó solo 5, dejando 15 sin comprobar, las cuales representan un importe por los 2.03 millones de pesos. El Congreso de BCS le instruyó realizar las acciones y medidas necesarias en las áreas de administración, manejo y ejercicio de los recursos públicos.
En tanto, a la ASEBCS le instruyó presentar las denuncias penales y administrativas correspondientes, e incluso tramitar el procedimiento de investigación de faltas administrativas, para deslindar responsabilidades por los hechos y omisiones detectadas.
En el caso de la cuenta pública de la CEDH, el diputado Eduardo Van Wormer Castro, Coordinador de la Fracción de MORENA dijo en tribuna que las observaciones son particularmente preocupantes. “Existen deficiencias documentales, cuestionamiento sobre los procedimientos de contratación, incumplimientos administrativos y sobre todo una situación que merece especial atención de esta soberanía, las dificultades que enfrentó la Auditoría Superior del Estado para obtener la información necesaria para realizar su trabajo. Lo más grave de este caso es que el órgano encargado de vigilar internamente la legalidad y el correcto uso de estos recursos públicos, no acreditó documentalmente el cumplimiento de diversas funciones que la ley le encomienda y que además obstaculizó las labores de fiscalización de la ASEBCS.
