Con el firme propósito de lograr justicia, fortalecer la autonomía económica de las mujeres, reducir las desigualdades estructurales, evitar normalizar la violencia y contribuir al desarrollo sostenible e incluyente de Baja California Sur, el 4.° Parlamento de Mujeres del Estado emitió una serie de exhortos dirigidos a distintas autoridades estatales.
Desde tribuna, las parlamentarias alzaron la voz para pedir justicia para las mujeres y niñas, presentando tres puntos de acuerdo presentados en la sesión solemne celebrada este viernes en la sala de sesiones José María Morelos y Pavón, en materia económica, se exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, a diseñar, implementar y fortalecer políticas públicas orientadas a garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia para las mujeres.
En una sesión presidida por la mesa directiva integrada por las diputadas Mariana Liceaga Gómez, presidenta de la Mesa Directiva del 4to Parlamento de Mujeres, Bárbara Angélica Salgado Cota, vicepresidenta, y Ana Gabriela Salinas Altamirano, secretaria, Claudia Meza de la Toba, subsecretaria de Gobierno, en representación del gobernador Víctor Castro Cosío.
Entre las principales acciones propuestas destacan la reducción de la brecha salarial, el combate a la discriminación laboral —especialmente por razones de género, embarazo o responsabilidades de cuidado—, así como el impulso a la formalización del empleo femenino.
Asimismo, se planteó la creación de un Programa Estatal de Impulso Económico para Mujeres Empresarias y Emprendedoras, con el objetivo de generar un ecosistema integral que permita a las mujeres desarrollar, formalizar y escalar sus negocios de manera sostenible, mediante capacitación, financiamiento y acompañamiento.
En el ámbito de la salud y el bienestar, se exhortó al Gobierno del Estado a implementar políticas públicas con enfoque territorial y de género que garanticen el acceso efectivo a servicios de salud sexual, reproductiva y psicológica, especialmente en comunidades rurales. También se propuso la creación de brigadas itinerantes de atención psicológica, programas de apoyo para personas cuidadoras y campañas de concientización para prevenir la violencia y fortalecer el bienestar emocional.
En materia de justicia, llamó a la Procuraduría General de Justicia del Estado para la elaboración de un protocolo de investigación con perspectiva de género e interseccional, así como la certificación del personal de primer contacto, con el fin de evitar la revictimización.
De igual forma, se exhortó a la Secretaría de Educación Pública a incorporar de manera transversal la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención de la violencia en los programas educativos, promoviendo el liderazgo de niñas y adolescentes, así como la capacitación docente y campañas permanentes de sensibilización.
En el ámbito legislativo, se solicitó a diversas comisiones del Congreso del Estado analizar y dictaminar la iniciativa de la Ley para la Protección Integral de Madres Buscadoras, garantizando la participación de colectivos y especialistas, así como la incorporación de principios de debida diligencia, perspectiva de género y no revictimización.
Además, se propuso la implementación de un Mecanismo Estatal de Protección para Madres Buscadoras, que contemple medidas como evaluación de riesgos, acompañamiento policial, atención psicológica especializada y apoyos económicos emergentes.
En materia de seguridad digital, se exhortó al Congreso del Estado a tipificar como delito la creación y difusión de contenido íntimo mediante inteligencia artificial (deepfakes), estableciendo sanciones de 3 a 6 años de prisión, en protección de la dignidad y privacidad de las personas.
Entre otros acuerdos relevantes, se planteó la creación del Instituto de Salud para las Mujeres, la incorporación de la igualdad sustantiva en la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, así como el fortalecimiento de acciones para prevenir la violencia en jóvenes deportistas.
Finalmente, se exhortó al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral a continuar vigilando el cumplimiento de la paridad de género en partidos políticos y procesos electorales.
