La XVII Legislatura emitió su resolución sobre diversas cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023, destacando la aprobación de las correspondientes al Tribunal Estatal Electoral (TRIEE) de Baja California Sur y la Comisión Estatal del Agua (CEA), mientras que negó la aprobación al Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), al Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto (OOMSAPAS Loreto), al Instituto de Vivienda (INVI) y al Ayuntamiento de Comondú.
En sesión extraordinaria del jueves 9 de octubre fueron aprobados los dictámenes presentados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, que integran las diputadas Gabriela Montoya Terrazas, presidenta, Teresita Valentín, secretaria y el diputado Fernando Hoyos, secretario.
En ese sentido, el Congreso aprobó las cuentas públicas 2023 del TRIEE y de la CEA, basándose en la opinión legal y técnica de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS); la aprobación incluye salvedades y la instrucción al TRIEE y CEA, de implementar las acciones y medidas necesarias en sus áreas administrativas para cumplir con las recomendaciones de la ASEBCS y evitar la reincidencia de las omisiones detectadas.
Por otro lado, las cuentas del INSUDE, OOMSAPAS Loreto, INVI y el Ayuntamiento de Comondú, no fueron aprobadas por no haber presentado en forma la situación financiera conforme a lo estipulado por las leyes de contabilidad gubernamental y de información gubernamental emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Aunque sus cuentas no fueron aprobadas, ambos organismos han sido instruidos a tomar medidas correctivas para cumplir con lo estipulado por la ASE y evitar la reincidencia de las omisiones detectadas.
Durante la discusión sobre el INSUDE, la diputada Lupita Saldaña se pronunció a favor del dictamen. Destacó que la dependencia registró 42 observaciones de la ASEBCS, que sumaban un monto de aproximadamente 142 millones de pesos. Aclaró que solo se lograron solventar seis de estas observaciones, por lo que el monto restante sin justificar asciende a 112 millones de pesos.
En otro punto, la diputada también señaló irregularidades en la cuenta pública del INVI. Observó que al instituto se le asignó un presupuesto de $155 millones, pero ejerció cerca de $161 millones. Sin embargo, enfatizó que se registró un subejercicio de 104 millones de pesos, es decir, dinero que no se gastó, “Debería de haber 104 millones de pesos, pero no, el dinero desapareció”, puntualizó.
