Una fuente interna acusa que María de Guadalupe Cota Damián ejerce como secretaria general sin acreditar título ni cédula profesional. Documentos oficiales confirman su cargo, pero dejan en blanco su formación académica, mientras personas señaladas como familiares y allegados aparecen cobrando en la institución.
La Paz, Baja California Sur.– La dependencia encargada de impartir justicia a los trabajadores ahora deberá explicar si quienes validan sus resoluciones cumplen siquiera con los requisitos profesionales para ocupar el cargo.
Una denuncia anónima entregada a este medio coloca bajo la lupa a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Baja California Sur, encabezada por Francisco Javier Contreras Álvarez, ante posibles irregularidades en resoluciones laborales, ascensos presuntamente favorecidos, contrataciones de familiares y una nómina que, según trabajadores, parece haberse convertido en una agencia de colocación para parientes y allegados.
La identidad de la fuente será reservada por razones de seguridad laboral, ya que teme represalias contra un familiar que continúa trabajando dentro de la institución.
Una trabajadora perdió; ahora se cuestiona quién validó el procedimiento
El caso que detonó la denuncia corresponde a una trabajadora identificada como Maria Angélica Gonzalez Romero, quien, después de años de servicio, habría sido despedida sin recibir la liquidación que consideraba correspondiente.
La mujer demandó a sus antiguos empleadores, pero su reclamación no prosperó.
La fuente sostiene que dentro de ese expediente intervinieron actuaciones certificadas o validadas por María de Guadalupe Cota Damián, quien oficialmente aparece como secretaria general de Asuntos Individuales de la Junta Local.
El señalamiento es delicado: se asegura que la funcionaria sería pasante de Derecho y que no contaría con título ni cédula profesional, pese a que da fe de actuaciones y firma documentos que llegan incluso ante juzgados federales.
¿María de Guadalupe Cota Damián cumple o no con los requisitos profesionales exigibles para ejercer como secretaria general?
El Gobierno publica su cargo, pero deja en blanco sus estudios
La sospecha crece al revisar la propia información publicada por la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social.
En el archivo oficial de información curricular correspondiente al primer trimestre de 2026, María de Guadalupe Cota Damián aparece como secretaria general de Asuntos Individuales. Sin embargo, los campos destinados al nivel máximo de estudios concluido y comprobable, la carrera cursada y el vínculo a su trayectoria están vacíos.
En contraste, en el mismo documento sí se señala que Rosa Lilia Vázquez Valdez, secretaria general de Asuntos Colectivos, cuenta con licenciatura en Derecho.
La omisión no demuestra por sí sola que Cota Damián carezca de título o cédula; pero sí representa una grave falta de claridad en un cargo que certifica actuaciones jurídicas y ejerce autoridad. La propia obligación de transparencia establece que estos datos deben permitir conocer la trayectoria escolar y laboral de los funcionarios.
El Gobierno no puede exigir confianza ciudadana mientras presenta casillas vacías en el currículum de quien valida procedimientos capaces de decidir si un trabajador recibe justicia o se va a su casa con las manos vacías.
Sueldos públicos y ascensos bajo sospecha
La denuncia no termina con María de Guadalupe Cota Damián.
La fuente acusa al presidente de la Junta, Francisco Javier Contreras Álvarez, de presunto nepotismo y abuso de poder, particularmente por los movimientos laborales realizados en favor de su esposa, Rosa Lilia Vázquez Valdez.
Según el testimonio, cuando Contreras asumió la presidencia en 2021, su esposa ya trabajaba en la dependencia, pero posteriormente habría recibido cambios de plaza hasta convertirse en secretaria general de Asuntos Colectivos.
Una revisión del archivo oficial de remuneraciones del tercer trimestre de 2025 muestra los siguientes sueldos brutos mensuales:
Francisco Javier Contreras Álvarez aparece con 56 mil 196 pesos; María de Guadalupe Cota Damián y Rosa Lilia Vázquez Valdez, con 34 mil 699 pesos con 50 centavos cada una; Carlos Valerio Medina Ochoa, con 22 mil 358 pesos con 10 centavos, y Abraham Coronel León, con 14 mil 727 pesos con 88 centavos. El archivo es parte de la información oficial de remuneraciones publicada por la Secretaría.
La fuente identifica a Carlos Valerio Medina Ochoa como cuñado de Rosa Lilia Vázquez y asegura que fue contratado en junio de 2024 con alrededor de cinco mil pesos quincenales, para posteriormente alcanzar aproximadamente once mil pesos por quincena.
El monto señalado coincide de manera cercana con la remuneración mensual bruta publicada oficialmente para 2025.
También se acusa que Francisco Contreras incorporó a su instructor de gimnasio, Abraham Coronel León, quien aparece oficialmente como analista de información.
Una denuncia que ya tenía antecedentes
Los señalamientos no son completamente nuevos.
En octubre de 2025, el medio MetrópoliMx publicó una investigación en la que identificó a Rosa Lilia Vázquez Valdez como esposa del presidente de la Junta; señaló la incorporación de Carlos Valerio Medina Ochoa y de Abraham Coronel León, y denunció que la dependencia estaba siendo utilizada para beneficiar a familiares y allegados.
Los registros oficiales confirman que las personas mencionadas ocuparon cargos y recibieron salarios públicos. Lo que debe investigar la Contraloría es la existencia de parentescos, intervención directa en contrataciones, conflictos de interés, modificaciones de plazas y posibles beneficios concedidos de manera irregular.
Más familiares y cargos que presuntamente ya no existen
La denuncia sostiene además que María de Guadalupe Cota Damián habría promovido el ingreso de su esposo, una prima y un hermano a la nómina, y que existirían planes para incorporar a otro hermano.
También se acusa que algunas personas continúan cobrando como titulares de Juntas Especiales que habrían sido suprimidas o reorganizadas, con remuneraciones que alcanzarían aproximadamente los 20 mil pesos quincenales.
Estos últimos señalamientos todavía requieren documentación adicional, pero ameritan una revisión inmediata de la plantilla, nombramientos, funciones efectivamente desempeñadas, controles de asistencia y expedientes de contratación.
La Junta debe rendir cuentas
Francisco Javier Contreras Álvarez continúa apareciendo en el directorio oficial como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Baja California Sur.
Por ello, no basta con guardar silencio o descalificar la denuncia.
El presidente de la Junta, la Secretaría del Trabajo y la Contraloría estatal deben informar públicamente:
Quién autorizó cada contratación y ascenso; qué parentescos existen entre funcionarios; dónde están el título y la cédula de María de Guadalupe Cota Damián; cuántas resoluciones, acuerdos o certificaciones ha firmado; y si existe algún riesgo jurídico para los expedientes en los que intervino.
La Junta Local fue creada para defender la legalidad laboral, no para operar entre sospechas, parentescos y currículums incompletos.
La institución que juzga a patrones y trabajadores hoy está sentada en el banquillo de los acusados. Y esta vez, la ciudadanía exige ver los documentos.
