Mientras en Baja California Sur los derechohabientes del ISSSTE enfrentan carencias, retrasos y hospitales que no operan al cien por ciento, el director general del instituto, Martín Batres, gobierna a control remoto desde la Ciudad de México. No hay giras, no hay supervisión directa, no hay interés visible por pisar el territorio sudcaliforniano.
La distancia no es solo geográfica: es política y administrativa. Desde el escritorio capitalino se toman decisiones que ignoran la realidad de un estado con problemas específicos en salud pública, infraestructura y atención médica. El resultado es un ISSSTE rebasado, con trabajadores inconformes y pacientes que pagan los costos de un centralismo que ya debería ser cosa del pasado.
Batres ha preferido la comodidad del círculo político chilango antes que asumir el desgaste de recorrer hospitales, escuchar al personal médico y dar la cara ante los derechohabientes. La falta de presencia manda un mensaje claro: Baja California Sur no es prioridad.
Paradójicamente, mientras el discurso oficial presume cercanía con el pueblo y combate al viejo estilo “fifí”, en los hechos se reproduce exactamente lo que se critica: funcionarios alejados del territorio, encapsulados en la capital, desconectados de la realidad regional.
La pregunta es simple y legítima:
¿Hasta cuándo el ISSSTE en Baja California Sur seguirá siendo administrado desde lejos, sin supervisión directa y sin voluntad política para resolver de fondo sus problemas?
Porque gobernar no es solo dar conferencias ni emitir comunicados. Gobernar también es venir, ver y responder.
