Mientras más de 190 mil derechohabientes del ISSSTE en Baja California Sur enfrentan deficiencias crónicas en la atención médica, desabasto de insumos y una administración rebasada, el Subdelegado de Administración en funciones de delegado, Arturo Morell, parece haber optado por una agenda ajena a la urgencia del cargo que ostenta.
Lejos de concentrarse en la solución de los problemas estructurales que afectan a clínicas y hospitales del Instituto, Morell ha dedicado buena parte de su gestión a reuniones sociales, actividades de turismo gubernamental y encuentros de carácter diplomático, como el celebrado en horas laborables utilizando como el nombre de Francisco André, embajador de la Unión Europea en México y de quien afirma es amigo personal. Convocando a reuniones con los cónsules honorarios de Guatemala, Francia y España, en el estado.
Todo ello, sin que exista un impacto tangible en la mejora de los servicios de salud.
Desde su llegada, la constante ha sido el protagonismo cosmético: visitas breves a unidades médicas, recorridos sin seguimiento y discursos huecos que contrastan con la realidad que viven diariamente trabajadores y derechohabientes. No hay resultados visibles, no hay estrategias claras y, mucho menos, soluciones de fondo, el ejemplo más claro es la Clínica Hospital de Cabo San Lucas, donde aún sigue si operar al 100 porciento y sin personal médico especializado.
La percepción generalizada es que Morell llegó al cargo no por capacidad ni trayectoria en el sector salud, sino por imposición política, escudado en su cercanía con el director general del ISSSTE, Martí Batres, y con Daniela Cordero, esposa del Director y alta funcionaria del Gobierno de la Ciudad de México. Esa “charola” parece haber sido suficiente para acceder al puesto, pero claramente insuficiente para ejercerlo con eficacia.
Hoy, el ISSSTE en Baja California Sur continúa atrapado en la inercia administrativa, con una gestión que privilegia la imagen sobre el trabajo real. La ausencia de liderazgo, la falta de rumbo y el desdén por la crisis médica colocan a Arturo Morell como un desastre administrativo, incapaz de responder a la responsabilidad que le fue conferida.
Para los derechohabientes, el saldo es claro: discursos, fotos y eventos, pero ninguna mejora sustancial en su derecho fundamental a la salud.
