En Baja California Sur se generó debate público tras la designación simbólica de Esmeralda Verdugo como “gobernadora indígena”, un acto de carácter político y representativo, sin efectos legales ni constitucionales, ya que el estado cuenta actualmente con un gobernador en funciones conforme a la ley.
El nombramiento fue realizado por un grupo específico y ha sido presentado como una expresión de protesta, identidad y visibilización de las causas de los pueblos originarios, pero no implica el ejercicio real del Poder Ejecutivo, ni sustituye a las autoridades legalmente constituidas en Baja California Sur.
Especialistas y actores políticos han señalado que este tipo de acciones deben entenderse dentro del ámbito simbólico y faccioso, como parte de una narrativa política o social, sin reconocimiento jurídico ni respaldo institucional. Aun así, reconocen que el acto refleja demandas históricas de inclusión y representación de comunidades indígenas.
El caso ha abierto una discusión sobre los límites entre la protesta política, la libertad de expresión y la información pública, subrayando la importancia de comunicar con precisión para evitar confusión entre actos simbólicos y cargos constitucionales reales.
Hasta el momento, ninguna autoridad electoral o gubernamental ha validado dicho nombramiento, reiterando que el gobierno del estado se rige por el marco legal vigente.
