* La nueva legislación alinea al estado con las mejores prácticas internacionales en sostenibilidad
* Impulsa políticas públicas para prevenir el deterioro ambiental, promover la innovación y fortalecer la participación ciudadana
El pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves la Ley de Economía Circular para Baja California Sur, así como la reforma al artículo 87 y la adición de los artículos 87 Bis y 87 Ter de la Ley de Cambio Climático. De igual forma, avaló la creación de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos y Economía Circular, un nuevo marco normativo que coloca al estado a la vanguardia nacional en materia ambiental.
Se trata de una legislación moderna, alineada con las mejores prácticas internacionales y con los compromisos que México ha suscrito para la protección del ecosistema.
Objetivos centrales de la nueva legislación
La normativa busca transformar la manera en que se producen, consumen, reciclan y gestionan los bienes y recursos en Baja California Sur. Entre sus objetivos destacan:
Reducir la contaminación ambiental, disminuyendo los impactos generados por la producción, el consumo y la disposición de residuos.
Fomentar la sostenibilidad, mediante el uso eficiente de recursos naturales y la minimización de desechos.
Impulsar la innovación, el reciclaje, el empleo y la economía, promoviendo nuevos modelos de negocio y cadenas productivas más limpias.
Mejorar la calidad de vida, al disminuir la presión sobre el entorno y fortalecer la resiliencia ambiental.
Cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.
Políticas públicas y responsabilidades compartidas
La legislación establece políticas claras para la gestión integral de residuos y la economía circular en el estado. Entre ellas:
Implementar medidas para prevenir el deterioro de los ecosistemas durante el manejo y disposición final de residuos.
Reconocer la responsabilidad compartida entre autoridades, sector privado, generadores de residuos y ciudadanía.
Promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
Fortalecer y promover los mecanismos de participación ciudadana en la reutilización, reciclaje y manejo responsable de residuos.
Definir competencias concurrentes entre autoridades federales, estatales y municipales.
Además, la normativa involucra de manera directa a los generadores de residuos, quienes deberán adoptar procesos de prevención, minimización y manejo adecuado, evitando riesgos para la salud y el ambiente.
Trabajo legislativo coordinado
Las iniciativas fueron presentadas por el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, la diputada Karina Olivas Parra y el diputado Sergio Polanco Salaices, quienes construyeron este marco regulatorio en colaboración con instituciones públicas, organismos privados y organizaciones de la sociedad civil.
Todo ello bajo la premisa de “producir conservando y conservar produciendo”, testimonio que todos y todas fueron tomados en cuenta, impulsando políticas sustentables que permitan un desarrollo responsable y garanticen el derecho a un medio ambiente sano.
