- La iniciativa busca armonizar la Ley de Austeridad a la Ley de Adquisiciones para que toda adquisición de bienes usados se realice bajo criterios estrictamente técnicos, con avalúos periciales y estudios de costo beneficio
La XVII Legislatura del Congreso de BCS turnó a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, la propuesta presentada por la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez mediante la cual se busca, primero, eliminar la contradicción existente entre la Ley de Austeridad y la Ley de Adquisiciones; segundo, dotar a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de BCS de mayor flexibilidad administrativa para realizar compras responsables y convenientes; y tercero, fortalecer el principio de austeridad republicana, asegurando que el gasto público no solo sea racional y moderado, sino también inteligente, sustentable y transparente.
Valentín Vázquez explicó que, la reforma en comento atienda a la discrepancia existente entre la Ley de Austeridad y la Ley de Adquisiciones ambas del estado de BCS, ya que, en la primera de ellas, establece entre otras, que los vehículos adquiridos por el Gobierno del Estado deben ser nuevos, y en la subsecuente, la posibilidad de adquirir bienes muebles usados o reconstruidos, siempre que se acompañen de un estudio de costo-beneficio y de un avalúo expedido por peritos autorizados o instituciones que demuestren la conveniencia de adquirir un bien usado frente a uno nuevo.
En ese tenor explicó que la falta de armonización entre ambas leyes ha creado un problema de presión innecesaria sobre las finanzas estatales, ya que en muchas ocasiones, los bienes usados en óptimas condiciones de funcionamiento resultan ser una alternativa más económica, con un ahorro neto de un millón seiscientos cincuenta mil pesos en un solo ejercicio de adquisición, sin afectar la seguridad ni la operatividad de los servicios públicos, ahorro que pudiera redirigirse a programas de salud, infraestructura social o apoyo al desarrollo agropecuario. Sin embargo, al existir una prohibición expresa en la Ley de Austeridad, las dependencias se ven obligadas a adquirir vehículos nuevos, incluso cuando los estudios técnicos demostrarían que la adquisición de bienes usados es más conveniente.
