• “Es indispensable abordar la violencia hacia la mujer como un fenómeno social que afecta profundamente a la convivencia comunitaria y que debe atenderse de manera preventiva desde el ámbito cívico”: Diputado Sergio Polanco Salaices
El diputado Sergio Polanco Salaices (MORENA) propuso la creación de una Ley de Justicia Cívica para el Estado y Municipios de Baja California Sur, para consolidar un sistema de justicia cívica estatal que coloque a la persona y la familia en el centro de la política pública, priorizando la prevención y la mediación sobre la sanción, y garantizando el derecho de la ciudadanía a vivir en paz, con legalidad y convivencia armónica.
Su propuesta, tiene como objetivos principales la prevención de conductas antisociales y la consolidación de una cultura de paz, buscando unificar los sistemas de la materia en los municipios para que la justicia cotidiana sea un elemento base para el mantenimiento de la paz social en la entidad federativa.
En la primera sesión ordinaria, el legislador de la bancada de Morena, arguyó que es indispensable abordar la violencia hacia la mujer como un fenómeno social que afecta profundamente a la convivencia comunitaria y que debe atenderse de manera preventiva desde el ámbito cívico.
“La violencia contra la mujer, en cualquiera de sus manifestaciones (psicológica, física, patrimonial, económica, sexual o digital), no solo vulnera derechos humanos fundamentales, sino que también genera un impacto negativo en el tejido social y comunitario”.
Esta ley reconoce que la violencia hacia las mujeres es una de las principales causas de conflictos vecinales, familiares y comunitarios, y por ello establece como eje transversal la igualdad de género y la no discriminación.
Asimismo, se propone fomentar la coordinación interinstitucional con áreas especializadas como los Centros de Justicia para las Mujeres, la Dirección de Prevención del Delito y Justicia Cívica, y las instancias municipales de la mujer, a fin de canalizar oportunamente a las víctimas y sensibilizar a los infractores. Con ello, la justicia cívica deja de ser un mero espacio sancionador para convertirse en un instrumento preventivo, pedagógico y protector de los derechos humanos de las mujeres.
Esta iniciativa, fue asignada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública para su análisis y dictaminación.
