La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur obtuvo vinculación a proceso en contra de Jefrey “N”, de 22 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, derivado del robo de mercancía ocurrido el pasado 31 de julio en una joyería ubicada en una plaza comercial de la colonia Zacatal, en la capital del estado, en agravio de la empresa Pandora Jewelry México S.A. de C.V.
De acuerdo con la causa penal J504/2025, aproximadamente a las 15:07 horas del día de los hechos, una empleada de la joyería recibió una llamada telefónica del número 564 466 4357. El interlocutor, bajo el argumento de realizar trámites de certificaciones, funcionamiento laboral y renovación de cédula de situación fiscal, instruyó a la trabajadora a preparar dos paquetes con joyería diversa de la marca Pandora para entregarlos a conductores de la plataforma InDrive.
Durante la llamada, se le advirtió que, de no cumplir las instrucciones, su jefe sería acreedor a una multa de un millón y medio de pesos, lo que la obligó a seguir las indicaciones. La empleada realizó una primera entrega consistente en una bolsa color negro con joyería y mil 950 pesos en efectivo a un conductor, y posteriormente entregó una segunda bolsa con mercancía a otro chofer de la misma plataforma.
Las investigaciones de la PGJE establecieron que Jefrey “N”, en conjunto con otras personas, fue quien recibió ambas bolsas el mismo día en dos domicilios ubicados en las colonias Mesa Colorada y Lomas del Sol, en Cabo San Lucas.
Como parte de las diligencias, el 3 de agosto se llevó a cabo una audiencia de solicitud de cateo, que permitió recuperar parte de la mercancía sustraída.
Posteriormente, el 5 de agosto, agentes de la Unidad de Mandamientos Judiciales cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del imputado en calles de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de La Paz
Consecutivamente, el 6 de agosto se celebró la audiencia inicial, en la que las agentes del Ministerio Público formularon imputación; sin embargo, la defensa del imputado se acogió al plazo constitucional de 144 horas.
Por lo que, en la continuación de la audiencia, realizada el 11 de agosto, el Juez de Control, tras analizar los datos de prueba, decretó la vinculación a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva, otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
