San Salvador, 23 de abril de 2025 – El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, ha intensificado su política de seguridad mediante la expansión del sistema penitenciario, destacando el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Este centro ha sido objeto de críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos y por su papel en la estrategia migratoria de Estados Unidos.
El periodista Óscar Martínez, de El Faro, ha señalado que El Salvador se ha transformado en “una gran prisión”, con uno de cada 57 ciudadanos encarcelados y el 9% de los hombres entre 25 y 29 años privados de libertad. Estas cifras reflejan el impacto del estado de excepción que ya ha durado tres años en el país centroamericano.
El CECOT ha sido utilizado para albergar a migrantes deportados desde Estados Unidos, incluso sin comprobación de delitos. El caso de Kilmar Ábrego García, un migrante deportado a pesar de una orden judicial en contra, ejemplifica las preocupaciones sobre el debido proceso y los derechos humanos en estas detenciones.
Organizaciones internacionales han expresado su preocupación por las condiciones en el CECOT y por la colaboración entre El Salvador y Estados Unidos en materia migratoria. Se ha denunciado la falta de transparencia y las posibles violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos.
La comunidad internacional continúa observando de cerca la situación en El Salvador, instando al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento de las normas internacionales en materia de detención y deportación.
