Por Ricardo del Rio
El Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), una de las instituciones clave en la administración de los ingresos provenientes de la pesca deportiva en Baja California Sur, se encuentra bajo fuertes señalamientos por posibles malos manejos financieros. Desde 2021, su director, Martín Inzunza Tamayo, ha estado en el centro de la polémica debido a presuntas irregularidades en la recaudación y administración de los recursos del fideicomiso.
Las primeras alertas surgieron en 2021, cuando se detectaron inconsistencias en los ingresos de FONMAR. Según declaraciones del propio Inzunza, el organismo habría recibido más de 90 millones de pesos, pero no todos los recursos parecían haber ingresado de manera transparente al fideicomiso. Este hallazgo motivó la realización de una auditoría para esclarecer la situación, aunque los resultados nunca fueron del todo claros.
Para 2023, la situación se agravó. Un documento del Senado de la República reveló que el titular de FONMAR reportó la falta de más de 140 millones de pesos en los recursos del fideicomiso, una cifra alarmante que ha reforzado las sospechas sobre una posible malversación de fondos dentro de la institución. Estas irregularidades no solo han puesto en entredicho la credibilidad de FONMAR, sino que también han generado incertidumbre sobre el destino de los recursos que deberían estar siendo utilizados para la protección y conservación de los recursos marinos en Baja California Sur.
En un estado donde la pesca deportiva representa una de las principales fuentes de ingresos y un atractivo turístico de gran relevancia, el descontrol en el manejo de estos fondos es una bomba de tiempo. La falta de transparencia no solo afecta a quienes dependen de esta actividad económica, sino que también socava la confianza en las instituciones encargadas de administrar el dinero público.
Si bien Martín Inzunza ha intentado justificar la falta de recursos con argumentos administrativos y burocráticos, lo cierto es que hasta el momento no ha habido consecuencias reales por estas irregularidades. Y aquí es donde entra la Contraloría General del Estado, encabezada por Rosa Cristina Buendía Soto, quien una vez más parece haber fallado en su labor de supervisión. Si su trabajo consiste en garantizar que los fondos estatales sean administrados correctamente, la situación de FONMAR es otra prueba de que la Contraloría ha sido completamente ineficiente en la vigilancia y control de los recursos públicos.
La pregunta es inevitable: ¿Quién se beneficia de este desorden financiero? Si no se esclarece el destino de esos 140 millones de pesos faltantes, no será difícil pensar que alguien ha encontrado en FONMAR una caja chica perfecta para mover recursos sin consecuencias. Y mientras la administración de Inzunza sigue sin responder a estas acusaciones con claridad, la Contraloría mantiene su postura pasiva, como si no tuviera ninguna responsabilidad en este desastre.
La ciudadanía merece respuestas. No basta con auditorías que terminan en el olvido ni con declaraciones ambiguas de los responsables. Se necesita una investigación real, sanciones concretas y medidas urgentes para evitar que estos desfalcos continúen ocurriendo. Pero si la historia reciente de Baja California Sur nos ha enseñado algo, es que cuando el dinero público desaparece, los culpables suelen quedar impunes.
Desde Brújula Política seguiremos señalando los excesos y omisiones de quienes tienen en sus manos la administración del estado. Porque la rendición de cuentas no debe ser solo una obligación legal, sino una exigencia de la sociedad. Nos leemos en la próxima edición.
