Por Ricardo del Rio
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur se encuentra sumida en una crisis sin precedentes bajo la gestión de Charlene Ramos Hernández. Desde que asumió el cargo en mayo de 2023, su administración ha sido señalada por trabajadores, consejeros y ciudadanos por una serie de irregularidades que van desde el trato despótico y represalias laborales hasta la malversación de recursos públicos. Todo esto, sumado a la falta de transparencia en su gestión y la total ineficacia en la atención de denuncias, ha convertido a la CEDH en una institución secuestrada por los caprichos de su presidenta, quien parece no rendir cuentas a nadie y actúa con total impunidad.
Trabajadores de la Comisión han denunciado el ambiente tóxico que se vive dentro de la institución, acusando a Ramos Hernández de manejar la CEDH como si fuera su propiedad personal. Las represalias contra quienes cuestionan sus decisiones han sido una constante, generando despidos injustificados y promoviendo una política de miedo dentro de la institución. Pero lo más grave no es solo el daño interno que ha causado, sino la inoperancia total de la Comisión para atender las denuncias de derechos humanos en el estado. La falta de seguimiento en casos de abuso de autoridad, violencia y atropellos ha dejado a cientos de ciudadanos en el desamparo, convirtiendo a la CEDH en un organismo inútil, ineficiente y completamente sometido a los intereses de su presidenta.
A esto se suman las denuncias por malversación de fondos públicos, un tema que no puede ser ignorado. La falta de claridad en el manejo de los recursos, los constantes señalamientos por uso discrecional del presupuesto y la negativa de Charlene Ramos a rendir cuentas sobre estos temas han levantado serias sospechas sobre la integridad de su administración. En cualquier otro estado, con este nivel de acusaciones, ya se estarían tomando cartas en el asunto, pero aquí, en Baja California Sur, parece que hay un manto de protección que le permite seguir en el cargo sin ninguna consecuencia.
Y si todo esto no fuera suficiente, hay que sumar el hecho de que yo mismo interpuse una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos, la cual fue ignorada por completo. Como periodista, denuncié la presencia de un ministerial que había sido señalado en su momento por el periodista Max Rodríguez, quien fue abatido a balazos en el City Club en 2017. Este mismo ministerial, tiempo después, vino a mi oficina con un claro conocimiento de quiénes trabajábamos aquí, incluyendo a mí y a mis colaboradores, también periodistas y reporteros. Pese a la gravedad del asunto y a los antecedentes del caso, la Comisión hizo absolutamente nada. La omisión en este tipo de denuncias no solo es negligencia, sino que pone en riesgo a quienes ejercemos el periodismo en Baja California Sur.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más seguirá Charlene Ramos al frente de la CEDH sin que nadie haga algo para ponerle un alto? ¿Hasta cuándo permitirá el Congreso del Estado que una persona con este historial de abusos y omisiones siga dirigiendo la principal institución encargada de velar por los derechos humanos en Baja California Sur? La situación es insostenible. Urge un cambio en la Comisión, urge la destitución de Charlene Ramos Hernández, y urge que este organismo recupere su razón de ser: defender a los ciudadanos, no a los intereses personales de su presidenta.
Desde aquí seguiremos señalando los abusos de poder y exigiendo que se tomen medidas. Porque la defensa de los derechos humanos no puede quedar en manos de alguien que los pisotea todos los días. Nos leemos en la próxima edición de Brújula Política.
