Por Ricardo del Rio
El informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dejado a Baja California Sur en el peor lugar posible en materia de transparencia y rendición de cuentas. Con más de 3,391 millones de pesos observados, la entidad se posiciona como una de las peores en el país en la correcta aplicación de recursos públicos. No es un dato menor, ni es algo que pueda justificarse con argumentos vagos. Esto es el resultado de una administración sin control, sin vigilancia y con una Contraloría General del Estado que ha fallado rotundamente en su trabajo.
Desde el inicio de la actual administración estatal, la responsabilidad de vigilar el correcto uso de los recursos públicos recae en la Contralora General del Estado, Rosa Cristina Buendía Soto. Su trabajo es evitar justamente lo que hoy estamos viendo en este reporte de la ASF: desvíos, opacidad y dinero que simplemente no se sabe a dónde fue a parar. Sin embargo, en lugar de haber ejercido una fiscalización eficiente, lo que tenemos hoy es una total falta de control sobre el gasto público, que ha dejado a Baja California Sur como la entidad con el peor desempeño en rendición de cuentas.
Cuando un gobierno recibe dinero federal, está obligado a comprobar hasta el último peso con documentos que justifiquen su uso. Es dinero que no pertenece a un gobernador, a un secretario ni a un director de dependencia, sino que es dinero del pueblo, destinado a programas sociales, educación, infraestructura y salud. Pero aquí, en Baja California Sur, hay más de tres mil millones de pesos que simplemente no tienen respaldo. ¿Cómo fue posible que la Contraloría dejara pasar algo así?
Lo más preocupante es que este informe de la ASF no es una simple llamada de atención, sino un documento oficial que puede derivar en procesos de responsabilidad administrativa e incluso denuncias penales. En otros estados, reportes similares han terminado con funcionarios sancionados, inhabilitados o incluso tras las rejas. Pero aquí, en Baja California Sur, parece que nadie ha levantado la voz, y la Contralora sigue en su puesto como si nada hubiera pasado.
Si algo queda claro con este informe, es que la Contraloría General del Estado no ha cumplido su función. ¿Dónde estaban los auditores cuando estos recursos fueron ejercidos? ¿Dónde estaban los mecanismos de control que supuestamente deberían haberse activado al primer indicio de irregularidad? ¿Cómo es posible que hayan permitido que la ASF venga a exhibir lo que ellos debieron haber detectado y corregido desde hace meses?
El problema aquí no es solo un mal manejo administrativo, sino la impunidad con la que se actúa dentro del gobierno estatal. Mientras en otros estados las contralorías estatales sirven como freno para evitar abusos en el gasto público, en Baja California Sur pareciera que la Contraloría ha sido una espectadora pasiva, incapaz de hacer su trabajo y de garantizar que los recursos se usen de manera adecuada.
Lo que sigue es clave. La administración de Víctor Castro Cosío no puede seguir en silencio ante un escándalo financiero de este tamaño. Si de verdad hay un compromiso con la transparencia, la Contralora General debería ser removida de su cargo de inmediato, y el gobierno estatal tendría que iniciar una revisión interna para deslindar responsabilidades. Pero si nada ocurre, si todo queda en excusas y en promesas de que “se va a aclarar”, entonces quedará claro que aquí nadie quiere rendir cuentas.
El pueblo de Baja California Sur merece respuestas. Merece saber dónde está ese dinero, quién es responsable y qué se hará para que esta vergüenza no se repita. Pero más allá de eso, merece un gobierno que actúe con responsabilidad y con una Contraloría que haga su trabajo. Lo que está en juego no es solo la credibilidad del gobierno estatal, sino el futuro financiero de un estado que no puede permitirse este tipo de fallas.
Seguiremos atentos a lo que ocurra en este caso. Si hay consecuencias o si todo quedará en el olvido. Nos leemos en la próxima edición de Brújula Política.
