- La Cámara sudcaliforniana tiene dos meses de retraso en cumplir esa obligación.
- El Poder Judicial del Estado debe publicar y actualizar sistemática y permanentemente las versiones de todas las sentencias emitidas.
Para armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, la Cámara de diputados local, analizará una iniciativa con proyecto de decreto con relación a las disposiciones vigentes de la Ley General en la materia, cuya porción legal está vinculada a la publicación de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de los Estados federados, particularmente lo correspondiente al Estado Sudcaliforniano.
Esta iniciativa, atiende a una obligación que venció en febrero del 2021 en virtud de que el 13 de agosto del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma a la Ley General de Transparencia y la vigencia de ese decreto que entró en vigor en febrero del presente año, por lo que el Congreso de Baja California Sur, tiene dos meses de retraso en cumplir esa obligación.
Dicha iniciativa implica reformar los artículos 79 y 80 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Baja California Sur, el artículo 75 de dicha Ley y el artículo 73 de la Ley General, el Poder Judicial del Estado que deberá poner a disposición del público y actualizar sistemática y permanentemente las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.
Cabe señalar que hace dos meses entró en vigor la disposición que establece para los órganos jurisdiccionales de los Poderes Judiciales de la Federación y de las Entidades Federativas, como lo es el Estado de Baja California Sur, debe publicar las versiones públicas de todas las sentencias que éstos emitan.
En ese contexto, es viable la dictaminación favorable e inmediata de la iniciativa, toda vez que se entiende haberse generado la iniciativa que le dio origen a la reforma de la Ley General de Transparencia, pasando por la discusión o debate correspondiente.
Dicha iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas para su análisis y discusión.
