En el marco de la coordinación que hay entre los Gobiernos Federal y Estatal, para fortalecer la cultura del respeto de los derechos humanos, Baja California Sur, se sumó junto al resto de las entidades del país, a la Campaña Nacional contra la Tortura “México Sin Tortura”, impulsada por la Secretaría de Gobernación, la cual tiene como objetivo brindar a la población información para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar este delito grave.
Así lo informó la titular del departamento de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Mayra Messina Vázquez, quien destacó la importancia de contar con una sociedad informada, al participar a través de mecanismos como la denuncia anónima, ya que esto permite a las autoridades actuar en contra de quienes cometen este tipo de actos que atentan contra la dignidad e integridad de las personas.
“En Baja California Sur, los tres órdenes de gobierno y sociedad, le apostamos a la prevención y, sin duda, un aliado fundamental en estos temas es la ciudadanía, su participación es esencial para erradicar delitos como este, sobre todo, para contribuir en la reconstrucción de nuestro tejido social, donde los derechos de todas y todos, además de ser reconocidos, se ejerzan y respeten”, enfatizó Messina Vázquez.
Puntualizó que esta campaña nacional tendrá una duración de una semana, con actividades por parte de instituciones de seguridad y justicia en el estado, relacionadas con la capacitación a servidores públicos de estas áreas, centros penitenciarios de La Paz y Los Cabos, así como la Mesa de trabajo “Atención a Víctimas de Tortura: Avances y Retos en BCS” y una conferencia-taller con el tema del delito de trata.
Además, de la difusión de mensajes y contenidos para concientizar a la comunidad, sobre lo que implica este delito, consecuencias y mecanismos de denuncia con los que se cuenta a nivel nacional y en la entidad.
Participan en estas actividades, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Baja California Sur y Secretaría General de Gobierno a través de sus áreas de Derechos Humanos, Comisión estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y Dirección de Asesoría Jurídica a Víctimas.
