A través de su Programa de VIH-SIDA, Virus de la Hepatitis C e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la Secretaría de Salud de Baja California Sur impartió capacitación sobre medidas de prevención, detección y manejo de casos confirmados con este tipo de patologías a responsables de servicios médicos de los centros penitenciarios que se encuentran en la geografía estatal.
En este curso que se desarrolló en la modalidad a distancia se enfatizó la importancia de fortalecer la difusión de medidas para evitar las ITS, entre las que destaca el uso correcto del preservativo masculino y femenino, en Personas Privadas de la Libertad (PPL), es decir quienes se encuentran ingresados dentro de los centros penitenciarios.
Al tener en cuenta que las PPL tienen la oportunidad de recibir visitas íntimas conforme los protocolos establecidos por las propias autoridades penitenciarias, se destacó la importancia de reforzar acciones de orientación brindadas a esta población para que ejerzan una sexualidad segura y responsable que reduzca riesgo de enfrentar padecimientos que pueden generar secuelas severas y permanentes.
Se presentaron además pruebas rápidas utilizadas por la Secretaría de Salud para la detección de VIH, Sífilis y Hepatitis C; se explicó la técnica correcta para su adecuado uso, el llenado de formatos que debe realizarse en cada uno de estos tamizajes, así como los procedimientos informativos y de consejería que deben emprenderse cuando alguno de estos exámenes arroja un resultado confirmatorio.
En esta actividad también se informó sobre los tratamientos que ofrece la autoridad sanitaria a personas confirmadas con una de estas enfermedades, al recordar que si bien el VIH- SIDA no es curable, sí puede controlarse con un esquema retroviral. En el caso de Sífilis y Hepatitis C se cuentan con antibióticos y antivirales, respectivamente, para eliminar la presencia de patógenos, lo cual es necesario emprender tratamientos en fases iniciales para evitar secuelas. Al término de la videoconferencia se acordó mantener esta coordinación institucional para seguir fortaleciendo la atención de las personas privadas de la libertad.
