En un reciente descubrimiento de la asignación de contratos millonarios a la empresa Gamsur por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Baja California Sur (BCS) ha generado una preocupación y activado las alertas. Este hecho, que podría ser calificado como un posible acto de corrupción, ha puesto en tela de juicio la transparencia y la integridad en la gestión de recursos públicos.
La revelación de dichos contratos que fueron otorgados a esta comercializadora, bajo la dirección del actual director del ISSSTE en la región, Ignacio Inzunza, ha levantado serias sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso de adjudicación. Es aún más alarmante el vínculo entre Gamsur y exfuncionarios del ISSSTE, como Gerardo Acevedo Vega quien previamente se desempeñó como subdelegado de administración durante la era de la Dra. Madrazo y Miguel Ángel Quesada Palacios quien ocupó el cargo de jefe de recursos materiales durante más de una década en la institución. Ambos, además, han sido identificados como asesores del actual subdelegado de administración.
Ante esta situación, se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si realmente se cometió algún acto ilícito. Sin embargo, dada la gravedad de las acusaciones y la necesidad de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, se hace un llamado urgente al ISSSTE a nivel nacional para que tome cartas en el asunto.
Es fundamental que se realice una revisión integral de los procedimientos de contratación en el ISSSTE en BCS, así como una evaluación rigurosa de las personas involucradas en la toma de decisiones. La sociedad demanda respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades, así como medidas concretas para prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción que pueda comprometer la confianza en las instituciones públicas.
