- Tiene que intervenir para evitar los abusos.
- Se requeire una red de peritos en materia de tortura.
- “Inédito” número de quejas en el IPN por acoso sexual y laboral.
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” hizo un llamado al Estado mexicano para que homologue sus acciones de gobierno con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“Es sumamente grave de los atropellos sistemáticos que se cometen en el país sin que el Estado mexicano intervenga para evitarlos; lo mismo se registran actos contra personas vulnerables, menores de edad, mujeres, niños, ancianos, defensores, periodistas, académicos o científicos”.
El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, instó a los integrantes del Congreso de la Unión, -diputados y senadores del país- a gobiernos locales y al Poder Judicial federal a construir una cultura para que defienda al pueblo a través de ejes prioritarios de gobernanza.
El doctor en derecho urgió, a manera de ejemplo, en la necesidad de que los tres órdenes de gobierno organicen una red de peritos especializados para analizar y detectar el delito de tortura, figura de especialistas que se carece prácticamente en todo el territorio nacional.
Además, lamentó que el “defensor del pueblo” sea sólo una “figura de ornato político” que no actúa para proteger y defender las garantías elementales de la población, sino que actúan en contubernio con las autoridades en turno para evitar que sean sancionados, “ejemplos hay muchos en todo el territorio nacional”.
Fierro Hernández propuso algunos ejes rectores de acciones prioritarias para defender al pueblo, como “combatir la tortura y supervisar el sistema penitenciario nacional, erradicar la violencia de género, supervisar los derechos de las personas y pueblos indígenas, y afianzar el derecho económico, social, cultural y ambiental de las personas”.
Además, recomendó sostener un trabajo coordinado con organizaciones de la sociedad civil a fin de “fortalecer los mecanismos de colaboración entre las instancias que defienden las garantías individuales a nivel municipal, estatal e internacional, su dirección presupuestal y reestructuración interna”.
El abogado litigante -reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos (2017)- resaltó la importancia de garantizar los derechos básicos de las personas indígenas, incluyendo la justicia, la vivienda digna, la asociación política, la salud, la educación y el empleo, para evitar atropellos sistemáticos a los derechos humanos.
Lamentó el registro “inédito” en el número de quejas, por ejemplo, al interior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por acoso sexual y laboral en contra de académicos, científicos e integrantes de la comunidad politécnica en el país, ya que este instituto tiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional.
En conclusión, el GIDH “Lex-magister” instó al Estado mexicano a tomar de manera seria y responsable el tema de la protección de los derechos humanos y sostener medidas urgentes para proteger y defender los derechos humanos de todas las personas en el país, incluyendo a indígenas, defensoras de los derechos humanos, periodistas, migrantes, mujeres y todos aquellos que se encuentran en grupos vulnerables.
