- El IPN debe aclarar el destino de más de 216 millones de pesos.
- Rubén Gómez Montes de Oca es ubicado como responsable de corrupción.
- El contrato no fue formalizado por las autoridades del IPN.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) deberá aclarar el destino de más de 216 millones de pesos tras ser señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al incumplir con las disposiciones legales y normativas en el ejercicio de 2021.
El director del colectivo Justicia Transversal Mexicana (JTM), Mauricio Santiago Eder, señaló al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval; al titular del Órgano Interno de Control, Alejandro Valencia López; y al titular del Área de Responsabilidades, Rubén Gómez Montes de Oca; como responsables directos de presuntos actos graves de corrupción y atropellos contra la comunidad académica y científica.
La Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México investigan conductas delictivas relacionadas con una licitación presuntamente simulada y un contrato amañado por parte de servidores públicos del IPN. Las empresas PSI y Banana Technologies Group resultaron adjudicadas, pero el contrato no fue formalizado por las autoridades del IPN y los servicios no fueron pagados.
Funcionarios de la dirección general de Cómputo y de Comunicaciones del IPN están acusados de violentar el debido proceso de licitación de servicios de alta prioridad para la comunidad del recinto de estudios superiores. Alumnos, académicos e investigadores quedaron vulnerables en materia de conexión digital en el país.
Las empresas “Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI)” y #Banana Technologies Group” fueron contratadas para dar mantenimiento a la red de infraestructura telefónica digital del instituto, pero las acciones no se concretaron debido a las anomalías de los servidores públicos al momento de negarles el paso a las instalaciones sin razón jurídica.
Alumnos de educación media, profesional y de postgrado; académicos, investigadores y personal administrativo quedaron vulnerables en sus derechos humanos en materia de conexión digital, aún con la pandemia por Covid-19, según se desprende de las indagatorias de la FGR, PGJ capitalina y ahora la ASF.
En caso de que el IPN no logre aclarar el desvío de 216 millones, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tendrá que presentar una nueva denuncia de carácter penal en contra de los propios directivos del IPN por presuntos actos de corrupción en perjuicio de la hacienda pública y del Estado mexicano.
