El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) fue creado en 2014 en México, por unanimidad de las fuerzas políticas, para poder dar cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los derechos del niño y para garantizar y proteger los derechos de la infancia y la adolescencia.
El pasado 18 de abril, el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para desaparecer o readscribir algunos órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal.
Lo anterior nos parece una terrible decisión porque El SIPINNA es una herramienta vital para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia. La reforma del SIPINNA podría reducir su eficacia para proteger a los niños, niñas y adolescentes en situaciones vulnerables.
La reforma podría limitar la participación de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones que afectan su vida. El SIPINNA promueve la participación activa de los niños y niñas en la construcción de políticas públicas que les afectan directamente.
La reforma podría limitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes a servicios de salud, educación, protección y otros servicios esenciales. El SIPINNA busca garantizar el acceso a estos servicios, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad.
La reforma podría disminuir la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y organizaciones sociales en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El SIPINNA busca fomentar esta coordinación para garantizar una protección integral y efectiva.
La reforma podría poner en peligro el interés superior de la infancia, que es un principio fundamental para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El SIPINNA busca garantizar que los derechos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes estén siempre en el centro de cualquier decisión que les afecte directa o indirectamente.
Por lo anteriormente expuesto rechazamos categóricamente la reforma del SIPINNA propuesta por el gobierno de López Obrador porque esta debilitara la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México, y generar consecuencias graves en la calidad de las políticas públicas en esta materia.
