El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, llevó a cabo una reunión de trabajo con la Secretaria de Finanzas, Bertha Montaño Cota, para ver temas relacionados con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Mediante un conversatorio en el que participaron Magistradas, Magistrados, Consejeras y Consejeros de la Judicatura, así como Juezas y Jueces del Estado en materia civil, mercantil y familiar, y la Directora, General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, María Karina Martínez Miranda; el Magistrado Presidente comentó que este ejercicio tiene como finalidad abordar temas relacionados con los diversos requerimientos efectuados a las Direcciones del Registro Público en los Municipios del Estado, por parte de la Juezas y Jueces, en relación a la materia registral.
Gallo Rodríguez, apuntó que se expuso mediante el intercambio de experiencias, de un dialogo abierto y reciproco, planteamientos concretos como lo son el trámite de inscripción de documentos y resoluciones judiciales, anotaciones marginales, expedición de constancias y certificaciones e informes, ordenados por las Juezas y Jueces de Primera Instancia, dentro de los procedimientos jurisdiccionales en las materias civil, familiar y mercantil, y a cumplimentarse por los titulares de las Direcciones del Registro Público y del Comercio, así como el impacto de esas resoluciones en el ámbito fiscal y administrativo.
De igual forma comentó que se tocaron temas relativos a la repercusión respecto de las responsabilidades de todas las autoridades involucradas, pues dijo todo las actividades realizadas entre instituciones serán con el objetivo primordial de brindar a los gobernados y usuarios respectivamente, justicia efectiva y servicios de calidad.
Finalmente la Secretaria de Finanzas, comentó que esta reunión fue de gran utilidad, aleccionadora y provechosa, pues dijo que es importante la revisión de los criterios por parte de ambas instituciones en el marco de sus competencias, a fin de facilitar que los contribuyentes tengan la certidumbre de sus propiedades en las mejores condiciones de equidad y además de brindar la seguridad de acceso a la justicia.
