La armonización tenía un rezago de 2 años, debió ser expedida por la XV Legislatura
El Pleno de la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción, referente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se expide la “Ley de Archivos para el Estado de Baja California Sur”, presentada por la Diputada Gabriela Cisneros Ruíz, Diputado José María Avilés Castro y Diputada María Luisa Trejo Piñuelas.
El referido proyecto de ley, entre otras cosas, busca establecer: la organización y funcionamiento de los archivos actualizados de los sujetos obligados; dejar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos; acceso a toda la información contenida en los documentos generados, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados que serán públicos; la creación de un Registro Estatal, cuyo objeto es obtener y concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, administrado por el Archivo General del Estado; que los servidores públicos elaboren un acta de entrega-recepción al separarse de su empleo y entreguen los archivos que se encuentren bajo su custodia; y la creación del Sistema Institucional que sustente la actividad archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental.
Los iniciadores puntualizaron que, para que la entidadse consolide como un Estado moderno y democrático, es pertinente la creación de la Ley de Archivos que permita el control de una documentación sistematizada, mediante el conocimiento de las características de la misma, y la rendición de cuentas de los servidores públicos, para estar en condiciones de practicar el derecho a la verdad mediante el acceso libre a la información pública.
En contexto, los iniciadores argumentaron que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el derecho a la verdad y a la memoria, establece de manera puntual que, “Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.”; y dado que, de conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el cual se expide la “Ley General de Archivos”, se otorgará un plazo de un año, a partir del 15 de junio de 2019, para que las legislaturas de cada Entidad Federativa armonizarán sus ordenamientos relacionados con la ley, fue que los iniciadores en un trabajo interinstitucional y plenamente consensado con los sujetos obligados y del órgano legislativo, trabajaron en el análisis de la armonización en materia de archivos a la citada ley general.
