Por décadas, el tequio ha sido símbolo de organización comunitaria y trabajo colectivo.
Hoy, esa práctica ancestral reaparece en el discurso gubernamental, pero ya no desde la comunidad indígena, sino desde la estructura del Estado.
El llamado “tequio” institucional impulsado por Martí Batres al frente del ISSSTE plantea una pregunta incómoda:
¿se trata de una genuina política de corresponsabilidad social o de un replanteamiento discursivo para cubrir carencias estructurales del sistema público de salud?.
Un concepto comunitario trasladado al aparato estatal
Desde su llegada al ISSSTE, Batres ha promovido jornadas de trabajo colectivo, participación voluntaria y corresponsabilidad de trabajadores y derechohabientes para mejorar unidades médicas, clínicas y espacios administrativos. El mensaje es claro: la transformación también se construye con la participación directa de todos.
Sin embargo, cuando este enfoque se analiza con perspectiva histórica, el paralelismo con el Programa Nacional de Solidaridad,
resulta inevitable.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, PRONASOL apeló a la solidaridad social para legitimar un Estado que no siempre llegaba con recursos suficientes. La comunidad aportaba trabajo y organización; el gobierno, materiales y presencia institucional.
El riesgo fue evidente: la solidaridad se volvió requisito, y la obligación del Estado comenzó a diluirse.
Hoy, el tequio promovido desde el ISSSTE bajo el nombre “Elena Arismendi” revive esa lógica, aunque bajo el paraguas discursivo de la Cuarta Transformación.
El problema no es el tequio en sí. El problema surge cuando:
Se impulsa en un sistema con rezagos históricos, falta de personal, medicamentos e infraestructura.
Se presenta como virtud moral lo que debería ser obligación presupuestal.
Se corre el riesgo de que el trabajador de la salud supla con voluntad lo que falta en política pública.
En ese contexto, el tequio deja de ser comunitario y se convierte en tequio administrativo: una narrativa donde la participación tapa déficits, sin resolver el origen del problema.
A diferencia de PRONASOL, el tequio en la 4T no se plantea solo como herramienta, sino como valor ético. Pero ahí radica su mayor tensión:
cuando el valor moral sustituye a la planeación institucional, la austeridad corre el riesgo de volverse coartada.
En el ISSSTE, la pregunta de fondo no es si los trabajadores y derechohabientes deben participar —siempre lo han hecho—, sino si el Estado está cumpliendo plenamente su parte antes de convocar al esfuerzo colectivo.
El tequio impulsado por Martí Batres en el ISSSTE no es ilegal ni ilegítimo, pero sí políticamente delicado.
Puede fortalecer comunidad y sentido de pertenencia, o puede convertirse —como ocurrió con PRONASOL— en un mecanismo simbólico para administrar la escasez.
La línea es delgada:
cuando el tequio deja de ser elección y se vuelve necesidad, deja de ser virtud y se convierte en síntoma.
En salud pública, ese síntoma debería prender todas las alertas.
