En Baja California Sur está garantizado y plenamente vigente el derecho de acceso a la información pública; prueba de ello es la publicación, el pasado 21 de noviembre de 2025, de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, informó la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Rosa Cristina Buendía Soto.
Explicó que la nueva Ley se emite en cumplimiento del artículo 6.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, con el fin de armonizar el marco jurídico local con el nuevo modelo constitucional en materia de transparencia, sin restringir ni afectar el derecho humano de acceso a la información pública.
En ese sentido, precisó que la Ley establece de manera expresa que toda persona puede solicitar, buscar, recibir y obtener información pública, sin necesidad de acreditar interés jurídico ni justificar el uso que se dará a la información solicitada.
“Los sujetos obligados —entre ellos dependencias y entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; ayuntamientos; órganos constitucionales autónomos; partidos políticos; fideicomisos; fondos públicos, así como cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o actos de autoridad— mantienen el deber legal de recibir, tramitar y responder las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos establecidos”, subrayó Buendía Soto.
Asimismo, señaló que la atención de las solicitudes de acceso a la información continúa realizándose a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual permanece en operación como el principal medio para la presentación, seguimiento y notificación de las solicitudes. “Esto no representa un retroceso en materia de derechos, sino una reorganización institucional derivada de un mandato constitucional federal”, puntualizó.
Finalmente, la servidora pública señaló que, derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a partir del 1 de enero de 2026, la Contraloría General cambió su denominación a Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, lo que representa una reorganización institucional conforme a la normativa vigente.
