Berlín / Moscú.
La Duma Estatal de Rusia aprobó en primera lectura una iniciativa de ley impulsada por el gobierno que otorgaría al Servicio Federal de Seguridad (FSB) amplias facultades para ordenar la suspensión de servicios de comunicación, lo que podría derivar en cierres masivos de internet en el país.
La propuesta, avalada el 27 de enero, contempla modificaciones a la ley de telecomunicaciones que obligarían a los operadores a interrumpir servicios de telefonía e internet a solicitud directa del FSB, sin necesidad de una orden judicial. La medida aún debe superar dos lecturas adicionales, pasar por la cámara alta y ser firmada por el presidente Vladímir Putin para entrar en vigor.
Poder discrecional y justificación por “seguridad”
De acuerdo con el contenido de la iniciativa, las circunstancias específicas bajo las cuales se podrían ordenar los apagones serían definidas posteriormente mediante decretos presidenciales o resoluciones del gobierno, lo que ampliaría de forma significativa el margen de discrecionalidad de las autoridades.
El Kremlin justifica la reforma como una medida necesaria para “proteger a los ciudadanos y al Estado frente a amenazas a la seguridad”, aunque organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que el alcance del proyecto va mucho más allá de las restricciones actuales al internet móvil.
Alarma por libertad de prensa y acceso a la información
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) alertó que la iniciativa abre la puerta a apagones nacionales de internet, profundizando el aislamiento digital de la población rusa y limitando gravemente el trabajo de periodistas y medios independientes.
La organización recordó que Rusia fue en 2025 el país con más apagones de internet y uno de los niveles más altos de censura digital a nivel mundial, según registros de medios independientes.
Antecedentes de censura digital
En agosto de 2025, las autoridades rusas avanzaron en restricciones a llamadas de voz y video en aplicaciones como WhatsApp y Telegram, mientras incrementaban la presión para que la población migrara a plataformas de mensajería respaldadas por el Estado.
Analistas advierten que, de aprobarse la ley, el nuevo marco legal normalizaría la interrupción total de comunicaciones como herramienta política y de control social, consolidando un modelo de vigilancia y censura tecnológica sin precedentes en el país.
