Por instrucciones directas de Arturo Morell, Subdelegado de Administración del ISSSTE en Baja California Sur, fueron retiradas las mantas de protesta colocadas por trabajadores del SNTE en la Clínica Hospital de Cabo San Lucas, en un acto que ha sido interpretado como censura administrativa y que ha profundizado el conflicto laboral y social dentro del Instituto.
La orden fue ejecutada por el director del nosocomio, Javier Cruz, y el subdirector administrativo Reyes Barrón, quienes procedieron a retirar mensajes que no contenían consignas políticas ni ataques personales, sino una lista clara de exigencias urgentes ante la operación incompleta del hospital, a más de un año de su inauguración.
Las mantas señalaban, entre otros puntos: falta de medicamentos e insumos, negativa y cancelación constante de citas, maltrato al personal, citas fantasma, trámites burocráticos sin salida, servicios cerrados, falta de material médico, y exigían de manera explícita la apertura inmediata del área de diálisis, así como la presencia y respuestas del director. El mensaje central era contundente: “La salud de los derechohabientes no puede esperar”.
La gravedad del hecho aumenta al considerar que la Clínica Hospital de Cabo San Lucas fue inaugurada públicamente como un proyecto estratégico del sistema de salud federal. Sin embargo, la realidad operativa desmiente ese discurso: el hospital no funciona al cien por ciento, carece de personal médico especializado y mantiene áreas clave sin operar, afectando a miles de derechohabientes.
Lejos de atender el fondo de estas denuncias, la instrucción de retirar las mantas confirma una política de ocultamiento, donde se privilegia el control del mensaje sobre la solución de los problemas. Esta decisión ha generado mayor indignación entre trabajadores y usuarios del Instituto y se suma a las exigencias públicas de renuncia contra Arturo Morell, ya expresadas por derechohabientes y líderes sindicales, quienes consideran su gestión incapaz de responder a la crisis.
El conflicto, que pudo resolverse en el ámbito local con diálogo y acciones concretas, ya escaló al plano nacional. Las decisiones de Morell salpican directamente a la dirección general del Instituto, encabezada por Martí Batres, al proyectar una imagen de desorden, censura y falta de control administrativo en Baja California Sur.
Hoy, el ISSSTE en el estado enfrenta no sólo carencias estructurales, sino un desgaste político innecesario provocado por una gestión local que prefirió quitar mantas antes que resolver la crisis. Callar la protesta no corrige el colapso: lo exhibe.
