El ITAI de Baja California Sur quedó oficialmente en el limbo jurídico y administrativo tras su desaparición legal, al no haberse concretado el proceso de entrega-recepción ni la instalación del comité de transición previsto en la ley.
De acuerdo con la ex comisionada presidenta Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez, el organismo perdió personalidad jurídica a partir del 1 de enero de 2026, sin que exista una autoridad claramente definida para recibir expedientes, archivos, solicitudes de información y responsabilidades administrativas.
La reforma constitucional aprobada en 2025 ordenó la extinción del ITAI y la creación de un nuevo órgano desconcentrado bajo la Contraloría General del Estado; sin embargo, el comité encargado de conducir la transición nunca fue conformado, lo que dejó al instituto sin una figura legal que asumiera su control.
Esta situación genera incertidumbre sobre el destino de miles de solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión y documentos sensibles, además de afectar directamente al personal del instituto, que quedó sin certeza laboral ni claridad sobre indemnizaciones o recontrataciones.
Especialistas advierten que el vacío institucional pone en riesgo el derecho a la transparencia y al acceso a la información pública en Baja California Sur, al no existir, por el momento, una instancia plenamente operativa que garantice estos derechos fundamentales.
