Durante las actividades del tercer foro regional para construir la Agenda Territorial Participativa; Un mismo territorio, diversas realidades, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío expresó que este tipo de encuentros significa el inicio de una etapa de transformación para Baja California Sur, marcada por la relación entre el Gobierno, los territorios y su gente, generando conocimientos y estrategias con visión territorial, identidad y memoria histórica, que reforzarán directamente la política pública de México.
En presencia de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Edna Vega Rangel, el mandatario estatal destacó que estos trabajos buscan recabar experiencias y propuestas de los territorios del norte mexicano para dar pauta a la construcción del Programa Nacional de Vivienda; el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2025-2030; y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Continuemos implementando espacios de escucha, de planteamientos concretos y de decisiones firmes. “Que cada palabra aquí dicha contribuya a un país donde todas las personas tengan derecho a habitar con dignidad el territorio que les pertenece”, resaltó.
Con la participación de las representaciones de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Nayarit, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas, se desarrollaron cuatro mesas de trabajo: ordenamiento territorial, vivienda, movilidad y espacios públicos, y organización desarrollo y ordenamiento agrario; en ellas, se abordaron temas de reconocimiento de las mujeres en la tenencia de la tierra; sostenibilidad, participación plena de los pueblos indígenas, uso equitativo del espacio público y vivienda adecuada.
Cabe mencionar que la consulta y propuestas seguirán abiertas de manera virtual hasta el 13 de junio en la página web https://sistemas.sedatu.gob.mx/participa/.
Al finalizar, el jefe del Ejecutivo estatal recordó que se comparte un mismo territorio y compromiso: transformar de raíz las condiciones estructurales que por décadas han limitado el derecho a las y los ciudadanos a una vivienda, servicios adecuados y a un entorno saludable.
