Por Ricardo del Rio
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, debería ser una fecha para reivindicar la lucha legítima por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Sin embargo, en Baja California Sur, esta conmemoración ha sido secuestrada por grupos y personajes que han convertido la causa feminista en una herramienta de poder político. Ya no se trata de defender derechos ni de buscar justicia, sino de perpetuarse en cargos públicos sin rendir cuentas a nadie.
Esto es evidente en el caso de Nolzuly Almodóvar, directora de Inclusión en el estado, quien, en lugar de atender los problemas de las mujeres y los sectores vulnerables, ha convertido su puesto en una plataforma para impulsar una agenda política propia. Más que inclusión, lo que se ve es una exclusión de cualquier pensamiento que no encaje con su ideología, dejando fuera a muchas mujeres que realmente necesitan apoyo.
Otro ejemplo claro es Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). En lugar de encabezar un organismo autónomo e imparcial, ha consolidado un espacio cerrado donde solo sus aliados tienen voz. Su gestión ha sido señalada por trabajadores y ciudadanos como un desastre en materia de derechos humanos, con un manejo autoritario y recursos que nadie sabe a dónde van. Lejos de responder por estas acusaciones, se ha atrincherado en la Comisión, cerrándose al escrutinio público.
En la misma línea está Allison Granier, actual contralor trans en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuya gestión ha estado marcada por la utilización del poder institucional para coartar la libertad de expresión. Este es un caso particularmente grave, ya que Granier ha usado su posición para intentar silenciar a periodistas, incluyendo a mi persona, tras haber señalado en su momento una inconsistencia en su nombramiento oficial.
Cuando asumió su puesto, su nombramiento estaba registrado bajo un nombre masculino, pero acudía a la oficina identificándose públicamente como Allison Granier, generando un doble manejo de su identidad dentro del cargo. Esto no se trató de una cuestión de identidad de género, sino de una irregularidad administrativa evidente. No puede ser que alguien tenga un nombramiento con un nombre y ejerza con otro dentro de una institución de justicia, generando confusión y falta de transparencia. Pero lejos de aclarar la situación, utilizó su influencia y la protección de los colectivos para blindarse de cualquier cuestionamiento.
Finalmente, después de múltiples señalamientos en mi noticiero y columnas, la Contralora General del Estado, Rosa Cristina Buendía Soto, terminó por regularizar su nombramiento oficialmente como Allison Granier. Pero este no fue un acto de transparencia, sino una muestra de cómo se manejan las cosas en Baja California Sur: primero se protege la red de intereses y, cuando la presión mediática es insostenible, se buscan soluciones improvisadas para tapar el problema.
Y no solo se quedó ahí, sino que Allison Granier me demandó, intentando utilizar los mecanismos legales como un arma para acallar la crítica periodística. Esto demuestra que no basta con ocupar un cargo público, sino que también buscan silenciar a cualquier voz que se atreva a cuestionar su autoridad.
Lo preocupante de todo esto no es la identidad de género de quienes ocupan estos cargos, sino la falta de resultados y la absoluta impunidad con la que operan. Se escudan en causas legítimas para acumular poder, pero una vez en el cargo, no rinden cuentas ni a la ciudadanía, ni al Congreso, ni a la prensa. Ya no hay forma de cuestionar sus decisiones sin que se convierta en una persecución política o un intento de censura.
Y más allá de la falta de resultados, existe un clima de miedo dentro del gobierno estatal. Todos los funcionarios saben que no pueden levantar la voz, porque estos colectivos no solo se han infiltrado en las instituciones, sino que actúan con violencia y venganza contra cualquiera que los critique. No es coincidencia que nadie se atreva a denunciarlos públicamente, porque lo que sigue es una persecución política y mediática disfrazada de “justicia”.
La pregunta es inevitable: ¿Hasta cuándo seguirán con esta simulación? Ya controlan el Congreso del Estado, el Poder Judicial, la Procuraduría, la Contraloría, las presidencias municipales y hasta la Presidencia de la República, y lo único que les falta es cumplirle al pueblo. Han usado su discurso de “lucha feminista” para llegar a todos los espacios de poder, pero una vez ahí, su única lucha ha sido mantenerse en el puesto y cerrarle las puertas a cualquier crítica.
El 8M en Baja California Sur ya no es un día de reivindicación, sino un día de simulación. Detrás de cada discurso sobre equidad de género, hay una agenda política; detrás de cada manifestación, hay un cálculo electoral. Y mientras tanto, los verdaderos problemas que enfrentan las mujeres en el estado siguen sin resolverse.
Aquí en Brújula Política seguiremos señalando estas incongruencias. Porque el verdadero feminismo no es un escudo para el poder, sino una lucha real por la justicia y la igualdad. Nos leemos en la próxima edición.
