- Alberto Gándara Ruiz Esparza, imparte Conferencia Magistral “Responsabilidades Administrativas en Servidores Públicos”
La Paz, BCS a 09 de noviembre del 2024.- El Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur, en el marco de las actividades que desarrolla como miembro del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Baja California Sur, organizó y coordinó la visita de Alberto Gándara Ruiz Esparza, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para ofrecer una conferencia magistral a funcionarios de los órganos internos de control y Contralorías de Baja California Sur.
La Magistrada Presidenta del TJABCS, Claudia Méndez Varga, dio la bienvenida a los asistentes y señaló que el objetivo de este encuentro es conocer más a fondo la evolución en la legislación referente a la responsabilidad de las faltas administrativas con un análisis de la mano de quien, además, ha tenido una importante aportación con su obra literaria.
“Sabemos que cuando se aplica una norma es cuando podemos palpar las dudas que puede generar, es en el caso concreto donde muchas veces advertimos los vacíos legales y otros retos jurídicos que enfrentamos y por los cuales siempre estamos buscando ampliar nuestros conocimientos”, dijo ante los presentes e integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por su parte Elidé Salvatierra Ramírez, Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción agradeció la presencia de los participantes y destacó que el trabajo se desarrolla de forma permanente en busca de fortalecer institucionalmente a las autoridades responsables de la detección, investigación y sanción de faltas administrativas para impulsar así la impartición de justicia.
En su exposición, Alberto Gándara Ruiz Esparza, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México dijo que conocer la ley, interpretarla y operarla es la base para todo proceso de justicia administrativa.
“Nuestra Ley tiene muchos conceptos que requieren de un profundo análisis, a lo que se suman criterios o jurisprudencias. Debemos tener en cuenta las tres circunstancias por las cuales se detona el poder disciplinario del estado que son oficio, denuncia o resultados de auditorías”, afirmó.
Gándara Ruiz Esparza explicó que para llevar un proceso adecuado debe atenderse el artículo 90 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que señala que en el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos.
“Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia de la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto”, concluyó.
