- Afectará de manera grave el acceso a la justicia en México.
- Imposibilidad de cumplir con sus obligaciones constitucionales.
- Afectará la nueva justicia laboral, la reforma civil y familiar.
De concretarse el drástico recorte de entre 15,000 y 25,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación para este 2024, el sistema judicial podría quedar inoperante y afectar de manera grave el acceso a la justicia en México, así lo consideró el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”.
Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, resaltó que esta medida genera preocupación en diversos sectores del país, ya que dicho recorte al presupuesto, entre el 60% y el 70% de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, los dejaría imposibilitados para cumplir con sus obligaciones constitucionales, internacionales y legales.
El doctor en derecho, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió sobre los graves riesgos que conlleva, “una inoperancia en el Poder Judicial, el derecho a la justicia, el aumento a la impunidad y el impacto negativo en la implementación de reformas judiciales importantes”.
El recorte presupuestal podría afectar la implementación de la nueva justicia laboral, la reforma en materia civil y familiar, y la solución de conflictos derivados del proceso electoral de 2024, donde se renovarán la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas y otros cargos estatales y municipales.
El recorte al presupuesto del Poder judicial “constituiría una grave violación a la Constitución, al trasgredir la división de poderes y poner en peligro el Estado democrático constitucional de derecho en México y, por supuesto, en contra de la sociedad en su conjunto”.
“El recorte presupuestal podría profundizar la desigualdad social, ya que solo aquellos que puedan pagar abogados particulares tendrán acceso a una defensa jurídica adecuada. Las personas más pobres se verían privadas de una defensa pública y gratuita que atienda sus necesidades” expuso.
Por si fuera poco, el abogado litigante consideró que esta reducción en el presupuesto “implicaría la pérdida de ocho años de avances científicos y administrativos en las capacidades institucionales del Poder Judicial de la Federación en perjuicio de la sociedad”.
Desaparecerían 63% de los juzgados de distrito y 69% de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo que afectaría la atención de más de 3 millones 541 mil asuntos y la seguridad de las personas usuarias y el personal judicial calificado.
Fierro Hernández recordó que el presupuesto del Poder Judicial de la Federación en este 2023 representa el 0.26% del PIB mexicano, mientras que en países europeos con PIB similar representa el 0.42%, lo que muestra una disminución significativa.
