- El impacto presupuestal que la presente iniciativa causaría al erario público, se estima en 6mdp por concepto de equipamiento de laboratorio para revisión de calidad de materiales, mismo que se propone sea habilitado dentro de las instalaciones de la Junta Estatal de Caminos
Hoy más que nunca la ciudadanía exige vialidades a la altura, porque lo vemos que después de unas cuantas lluvias; la ciudad está con calles muy deterioradas, por ello, es importante retomar la propuesta que crea la Ley para la Construcción Rehabilitación de Pavimentos para el Estado de Baja California Sur, expresó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política diputado Rigoberto Mares Aguilar.
En entrevista luego de reunirse con el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, liderados por Ignacio Figueroa, Luis Fernando Gracia y Aniceto Jaramillo, el legislador de la bancada del PAN, consideró oportuno retomar esta propuesta y en breve abordar el tema con la comisión de Infraestructura, para juntos, sacar un documento ya que es de alta relevancia para Baja California Sur.
En ese sentido, la propuesta presentada desde octubre del año pasado, busca que Baja California Sur cuente con una herramienta normativa moderna, que regule de forma eficaz todo lo relativo a obras de pavimentación con altos estándares de calidad y seguridad.
Así mismo optimizar el recurso público y, al igual que otras entidades del país se cuente con una herramienta normativa moderna, que regule de forma eficaz todo lo relativo a obras de pavimentación con altos estándares de calidad y seguridad, con la intención de que se construyan obras a conciencia y con calidad para alcanzar el bienestar social.
Esta iniciativa, establece las disposiciones normativas relacionadas con la rehabilitación de pavimentos en función de sus niveles de tráfico pudiendo ser de tipo estructural funcional en atención a la falla que presente; también se establece que la Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura Movilidad y Medio Ambiente contará con un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley para emitir las normas técnicas estatales a que termine la propia ley; de igual forma se señala que los ayuntamientos ajustarán su reglamentación en la materia en un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la ley y el Consejo Técnico deberá expedir su reglamento interior en un plazo no mayor de 90 días hábiles.
La iniciativa presentada entonces por José Manuel Rodríguez Parra, tiene como propósito que todas las autoridades tengan obligación de promover respetar proteger y garantizar derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en consecuencia queda prohibido todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional género, edad, capacidad, condición social, condición de salud, pensión, opinión preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Esto implica que se modifiquen los artículos 46 49 50, 51, 53, 63, 78, 79, 80, 81 82, 83,84, 85, 86, 87, 88, 89, del 90 al 99, 10, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111 que son los preceptos normativos de la Ley Electoral, con miras a garantizar una democracia con igualdad e inclusión.
En adición, el impacto presupuestal que la presente iniciativa causaría al erario o público, se estima en 6 millones de pesos por concepto de equipamiento de laboratorio para revisión de calidad de materiales, mismo que se propone sea habilitado dentro de las instalaciones de la Junta Estatal de Caminos (en el laboratorio existente), y que, a la vez, puede ser operado por el personal de la institución por lo que implica contratar a personal adicional.
