El titular del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, Raúl Juan Mendoza Unzón, junto al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, José María Avilés Castro, acudió a la Instalación de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil Y Familiar –COCIFAM-convocada por la Maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, que tuvo como sede el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Ante los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas, Presidentes de las Comisiones de Justicia de los Congresos Locales, el Presidente de la Comisión de Justicia del Senado y del Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y demás autoridades, se instaló a través de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, la COCIFAM, cuyo objetivo principal es dar seguimiento puntual a los procesos de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Al respecto el Magistrado Presidente, apuntó que el nuevo Código fue propuesto por el Senado de la República y después ratificado por el Congreso de la Unión, siendo una de las reformas de mayor relevancia del ordenamiento jurídico en México, que homologará los procedimientos en las materias a nivel nacional, dando prioridad a la oralidad y al efectivo acceso a la justicia pronta, imparcial y expedita, con apego y respeto a los derechos humanos.
El también Presidente del Consejo de la Judicatura, indicó que la implementación de este nuevo modelo de justicia civil y familiar, contará con una estructura totalmente nueva, pues adoptará un sistema de oralidad que requiere de salas en todo el Estado, sistemas de gestión y de ajustes normativos internos para su operación, lo que simplificará y agilizará la impartición de justicia en las materias Civil y Familiar, por lo que será un gran reto no solo para el Poder Judicial sino para los Poderes Públicos en el Estado.
Finalmente agregó que es una norma que abarcará aproximadamente el setenta por ciento de todos los procedimientos jurisdiccionales que se tienen en trámite, añadiendo que deberá entrar en vigor de forma total a más tardar el 1° de abril de 2027.
