La Delegada de Bienestar en Baja California Sur, Dhipna Yanssen Weichselbaum, ha revelado la existencia de una preocupante ola de fraudes relacionados con programas sociales en la región. Aunque no se dispone de una cifra exacta, la funcionaria aseguró que se han detectado “no menos de 50, muchísimos” casos de presunto fraude, los cuales han sido reportados a las autoridades correspondientes.
En particular, Yanssen Weichselbaum hizo hincapié en el caso del Crédito a la Palabra, donde las personas afectadas han sido engañadas al llenar formularios en línea que son utilizados por delincuentes para cometer diversos delitos. Ante esta situación, la Delegada informó que las denuncias son canalizadas a través de la Policía Cibernética, ya que las instituciones de la Secretaría de Bienestar no tienen la facultad de realizarlas directamente.
La funcionaria advirtió sobre el riesgo de proporcionar información personal en enlaces sospechosos, ya que esto puede dar lugar a extorsiones y chantajes. Recalcó que todas las páginas oficiales del gobierno de México tienen terminaciones de dominio “.gob”, por lo que cualquier sitio con una terminación diferente no es legítimo.
En relación a este tema, se ha identificado un caso en la ciudad de La Paz donde individuos no afiliados al programa “La Escuela Es Nuestra” han acudido a escuelas ofreciendo servicios en nombre del Gobierno. Ante esta situación, se ha presentado una denuncia debido a que estos impostores se hacen pasar por facilitadores autorizados, solicitando a los afectados que completen formularios y abran cuentas bancarias. La Delegada destacó que se cuenta con información detallada sobre los responsables de este fraude en la ciudad de La Paz.
La Delegada de Bienestar ha exhortado a la población a estar alerta y tomar precauciones al interactuar con programas sociales en línea. Además, se enfatiza la importancia de verificar la autenticidad de los sitios web gubernamentales y de denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales apropiados. El objetivo es proteger a los beneficiarios de los programas y evitar que sean víctimas de estafadores sin escrúpulos.
