• Resulta preocupante la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, frente a casos como el desfalco de 15 mil millones de pesos a Segalmex.
• Prende las alertas la adscripción de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA al Sistema Nacional DIF cuando está demostrado que este no ha cumplido con el mandato constitucional de garantizar el interés superior de la niñez.
• Adscribir la COMAR a Gobernación, en el contexto de la crisis humanitaria que sufren las y los migrantes en México, violenta de forma grave los derechos humanos.
El desmantelamiento institucional en el que se empeña el presidente López Obrador, no busca hacer más austero y eficiente el servicio público, sino ocultar la ineficiencia, el despilfarro, la corrupción y el uso de recursos públicos con fines clientelares.
La iniciativa del titular del Ejecutivo Federal que propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado; continua la desaparición de fondos y organismos claves para el otorgamiento de servicios y la garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos.
López Obrador, reconoce sin empacho que el ahorro que se obtendrá de esta reorganización administrativa se destinará a programas sociales, algunos de ellos utilizados con fines clientelares; y a los megaproyectos de su administración que se han convertido en barriles sin fondo a los que se han destinado muchos más de los recursos públicos previstos inicialmente y siguen sin terminarse.
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Con esta decisión, Andrés Manuel López Obrador continua con el desmantelamiento de organismos y programas a cargo del Estado creados, en muchos casos, para atender grupos vulnerables los cuales, ante la reducción presupuestal de las dependencias responsables, han quedado en la indefensión.
Esta decisión se suma a la extinción de 153 fideicomisos públicos con el supuesto de eliminar gastos innecesarios y destinar más dinero a enfrentar la pandemia, pero que, en realidad, fue destinado también a los programas sociales y a las mega obras. Hasta este momento, el Ejecutivo Federal sigue sin transparentar a dónde realmente se destinaron los recursos obtenidos con la extinción de estos fideicomisos.
Una situación similar se generará con la actual iniciativa. Resulta particularmente preocupante la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, porque debilita aún más el combate a la corrupción en momentos en que se están dando casos como el desfalco de 15 mil millones de pesos a Segalmex, a la cabeza de la cual se encontraba un íntimo amigo del Presidente, Ignacio Ovalle Fernández, quien ni siquiera ha sido citado por la Fiscalía General de la República.
También prende las alertas la adscripción al Sistema Nacional DIF de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, “cuando está demostrado que el DIF no ha cumplido con el mandato constitucional de garantizar el interés superior de la niñez.
Finalmente, cabe señalar que adscribir como unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación a la Coordinación General de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR), frente a la crisis humanitaria que sufren las y los migrantes en México, violenta de forma grave los derechos humanos.
