COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS,
APRECIABLES MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE
ENCUENTRAN PRESENTES,
PÚBLICO EN GENERAL QUE NOS HONRA CON SU PRESENCIA,
AMIGAS Y AMIGOS QUE NOS SIGUEN DESDE LAS REDES SOCIALES.
En el 2019 las y los legisladores federales de todas las fuerzas políticas brindamos el voto de confianza a la propuesta del Ejecutivo federal en materia de seguridad.
Me incluyo porque participé en dicha discusión como diputado federal, en ese momento Acción Nacional votó a favor, defendimos el mando civil de la Guardia Nacional, nos aseguramos de que quedaran bien detallados los principios a los que habría de sujetarse la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, que dicha participación fuera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, y se determinó una temporalidad de 5 años para que el ejército apoyara en dichas tareas,bajo la premisa de que durante ese periodo, la guardia nacional desarrollaría su estructura, capacidades e implantación territorial y paralelamente se fortalecerían las policías estatales y municipales.
Sin embargo, a 3 años de la implementación de esta reforma, la realidad es que la seguridad en nuestro país, no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado, en lo que va de este sexenio, se han registrado 3 mil 560 feminicidios y 120 mil 855 homicidios dolosos, arrojando una cifra de 124 mil 415 muertes violentas.
Hoy el país atraviesa una terrible ola de violencia, hay masacres cada semana, hay ejecuciones diariamente, ciudades tomadas por la delincuencia organizada en total impunidad, cada vez hay hechos más violentos, más inhumanos y más crueles.
Las y los mexicanos no viven tranquilos, de acuerdo con datos del INEGI, durante septiembre de este año el 70.5% de las mujeres y el 57.2% de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad, no podemos permitir que la población siga sin poder vivir en paz.
Las cifras y la realidad a la que se enfrentan diariamente las y los mexicanos denotan queestamos ante una estrategia de seguridad fallida, que requiere cambios profundos, y que desafortunadamente no vemos que el gobierno federal intente corregir, queda claro que los abrazos no funcionan para contener a los delincuentes, nuestro país requiere acciones contundentes para brindar seguridad a las y los mexicanos.
Por eso, en el PAN no vamos a validar que la respuesta del gobierno federal ante la gran crisis de inseguridad en el país sea únicamente extender el periodo de 5 a 9 años en los que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública, establecer una comisión bicameral, enviar informes semestrales, instruir la aprobación de dictámenes en los plenos de las Cámaras, crear un Fondo con reglas que no conocemos, porque desafortunadamente estas medidas no cambiarán en nada la ola de violencia por la que atraviesa el país.
Lo que verdaderamente se requiere es modificar lo que hasta ahora no ha funcionado, lo que se debería estar discutiendo en este momento es una estrategia integral encaminada verdaderamente a fortalecer a las policías locales para que protejan a las y los ciudadanos en su día a día, acciones para combatir eficientemente a los delincuentes, políticas de prevención del delito, entre otras medidas.
Así pues, consideramos que esta reforma no acredita los mencionados elementos que la Corte indicó para proteger a la ciudadanía y justificar el uso del Ejército en tareas de seguridad pública.
Ya que con esta reforma el gobierno federal no está respetando la participación extraordinaria de las fuerzas armadas, pues desde su primer año de gestión sacó al Ejército a las calles, al cual por cierto, había prometido regresar a los cuarteles y hoy pretenden que continúe así, incluso después del término de su administración, por lo que ya se trataría de una medida ordinaria, no extraordinaria.
Con esta reforma no se regula el uso de la fuerza pública, no se establecen los mecanismos legales y los protocolos que deben de seguirse cuando la Fuerza Armada interviene en funciones de seguridad pública.
Con esta reforma no se propone la fiscalización mediante auditorías realizadas por instancias civiles capacitadas, independientes y no militares.
Con esta reforma no se fortalece el mando civil al que debe sujetarse la seguridad pública, el cual además cabe mencionar, se transgrede con las recientes reformas en la legislación secundaria para que la Guardia Nacional esté a cargo de la Sedena, validadas por los legisladores de Morena y sus aliados.
En ese contexto Acción Nacional votará en contra de esta reforma porque hasta el día de hoy no existen resultados ni medidas efectivas para fortalecer a la Guardia Nacional ni a las policías locales.
Y quiero que quede muy claro, no estamos en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas sino en contra de cargarles la responsabilidad de la seguridad pública, en contra de hacer un uso político de la buena calificación que tienen frente a la ciudadanía, de su buena reputación y de su lealtad.
Desde luego que reconocemos el trabajo del Ejército y la Marina cuando colaboran de manera coordinada y en apoyo a las fuerzas civiles de los estados y municipios, más cuando se prioriza la inteligencia junto con la coordinación de esfuerzos de recursos humanos y financieros en el combate a la delincuencia, pero esto no es así en la estrategia seguida por el Presidente de la República
No podemos permitir que el gobierno federal se lave las manos usando a las fuerzas armadas, cuando lo que el país requiere es consolidar a los cuerpos policiales locales para que el ejército regrese de manera paulatina y definitiva a los cuarteles a cumplir su función de defensa de la soberanía nacional y apoyo emergente a la población.
Y en este sentido, creemos que la estrategíadel gobierno debería procurar además, que exista un sistema de investigación penal confiable, capaz, con recursos suficientes, que esclarezca y sancione los delitos y disminuya los altos grados de impunidad y de corrupción.
Por todo lo anterior en Acción Nacional no vamos a validar la intención del gobierno de seguir con su fallida estrategia; la seguridad de las y los mexicanos debe ser una prioridad y seguiremos exigiendo que se aborde con altura de miras y acciones puntuales que marquen la diferencia, que les permitan transitar confiados por sus localidades, que eviten que sean extorsionados por la delincuencia organizada, que les permitan vivir en paz y sentirse seguros.
