Los integrantes de la sección instructora, diputados Pablo Gómez Álvarez (Morena), Ana Ruth García Grande (Pt), Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) y Anilú Ingram Vallines (Pri), se encuentran desahogando actualmente 3 procedimientos relativos a solicitudes de procedencia -conocidas también como retiro de inmunidad procesal o desafuero- en contra de un servidor público, un Senador de la república y un diputado federal, y entre otros asuntos tendrán que resolver acerca de desahogo de pruebas y una recusación planteada en contra del primero de los mencionados, a efecto de determinar si se le excluye de conocer de un expediente en particular.
Ante el anuncio de que se han recibido en la secretaría general de la Cámara de diputados, más de doscientas solicitudes de juicio político contra igual número de servidores públicos a la fecha, las cuales una vez calificada su procedencia por la comisión de examen previo serán remitidas a esta sección instructora para su sustanciación y dictamen de conclusiones, la Diputada Ana Ruth García Grande sostuvo que, ante el hecho del incremento de las solicitudes que se vienen presentando, y con el antecedente de que ya se han resuelto por la 64 legislatura un procedimiento de juicio político (contra una ex servidora pública), y otro de desafuero donde un compañero Diputado federal fue el inculpado, la sección instructora está más obligada que nunca a desarrollar los procedimientos atendiendo los plazos y las formalidades que establece la Ley Federal de responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su caso, por aplicación supletoria, para certidumbre y garantía tanto de los solicitantes como de los sujetos a procedimiento, pues no se debe perder de vista que, por la finalidad que tienen estas figuras jurídico-políticas, las que eventualmente pueden resolver afectación de derechos, se deben observar los principios de certeza y seguridad jurídica, garantizando procesos en donde los derechos de audiencia y defensa se encuentren colmados.
En opinión de la legisladora, ante la vigencia que vienen cobrando estos procesos, mediante los cuales es posible atribuir responsabilidad, por acción u omisión, a los servidores públicos que señalan los artículos 110 y 111 constitucionales, se presenta inminente una revisión y actualización de la Ley que los rige, dado que la vigente presenta claroscuros en algunos de sus capítulos que deben ser materia de reformas y adiciones, por lo que, dijo, esta misma semana presentará al pleno de la Cámara un primer proyecto de iniciativa con esta finalidad de actualización de la Ley federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues el principio de debido proceso con todas sus aristas debe ser el eje de este tipo de tramitaciones, acorde con el espíritu de los tratados internacionales de los que México es parte, al haberlos signado y encontrarse obligado a su observancia.
